Indignación y tristeza por el pueblo venezolano

Todavía faltan detalles por confirmar, y precisamente por eso conviene hablar con responsabilidad. Pero, si la información que se ha conocido hasta ahora es correcta, estamos ante una operación de una gravedad extraordinaria. Y no solamente por la cantidad de petróleo involucrada, sino por la forma en que se estaría llevando a cabo.
Según lo reportado, el gobierno de Donald Trump estaría negociando con el régimen de Delcy Rodríguez un contrato de arrendamiento por 100 años sobre 17 campos petroleros venezolanos, a favor de una empresa aparentemente formada por el gobierno de Estados Unidos y un operador privado venezolano.
Y aquí es donde resulta imposible no sentir indignación.
Porque no estamos hablando de un acuerdo celebrado entre dos gobiernos legítimos, en condiciones normales y con plena transparencia. Estamos hablando de una negociación entre el gobierno estadounidense y un régimen que ha llegado al poder mediante la fuerza, que ha desconocido la voluntad popular y que mantiene secuestradas las instituciones venezolanas.
Un régimen que no representa legítimamente al pueblo venezolano.
Y esto no lo digo solamente yo. El propio presidente Donald Trump ha descrito a Venezuela como un país tomado por la fuerza y ha hablado públicamente de la presión económica y militar ejercida sobre el régimen. Por eso resulta tan difícil entender que, al mismo tiempo, Estados Unidos pueda utilizar a ese mismo gobierno tiránico y corrupto como interlocutor para negociar el control de una parte gigantesca de los recursos naturales de Venezuela.
Como venezolano, esto me produce un profundo dolor.
Pero también como estadounidense me produce vergüenza e indignación.
Porque yo no puedo creer que un ciudadano honesto de Estados Unidos vea con buenos ojos que su país se aproveche de la tragedia venezolana para apropiarse de sus recursos naturales. No puedo creer que alguien que defienda la libertad, la democracia y el Estado de derecho considere aceptable que una potencia extranjera negocie con una dictadura la entrega de una parte sustancial del patrimonio de todo un pueblo.
Una cosa es ayudar a liberar a Venezuela de una tiranía.
Otra muy distinta es presionar económica y militarmente a un país, reconocer que está sometido por la fuerza y, al mismo tiempo, utilizar a quienes lo mantienen sometido para obtener condiciones privilegiadas sobre su petróleo.
Eso no es solidaridad con el pueblo venezolano.
Eso no es defensa de la democracia.
Eso se parece demasiado a una operación de apropiación de recursos bajo la apariencia de un acuerdo comercial.
La magnitud de lo que se está negociando resulta todavía más alarmante. Los 17 campos petroleros involucrarían unos 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de las reservas estimadas de Venezuela.
Además, según lo reportado, el gobierno estadounidense controlaría el 55 % de la nueva compañía.
Si estas cifras se confirman, estaríamos hablando de una empresa que se convertiría, prácticamente de inmediato, en una de las mayores propietarias de reservas probadas de petróleo del mundo, solamente por detrás de Saudi Aramco.
¿Y todo esto se estaría negociando con quién?
Con el régimen de Delcy Rodríguez.
Con un gobierno que no fue elegido legítimamente por los venezolanos.
Con un poder que ha perseguido, encarcelado y obligado a exiliarse a millones de ciudadanos.
Con una estructura política que ha destruido la economía nacional, ha provocado una crisis humanitaria devastadora y ha convertido la riqueza petrolera de Venezuela en un instrumento de control político.
Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de toda esta historia.
Durante décadas, el discurso chavista denunció cualquier participación extranjera en la industria petrolera como una forma de imperialismo. Se decía que el petróleo pertenecía al pueblo y que ningún gobierno extranjero debía tener influencia sobre nuestros recursos.
Pero ahora, después de haber destruido PDVSA y de haber llevado al país a la ruina, ese mismo régimen podría estar entregando durante 100 años una parte enorme de las reservas venezolanas a una empresa con participación mayoritaria del gobierno estadounidense.
La hipocresía es evidente.
Pero también sería hipócrita ignorar la responsabilidad de Estados Unidos si efectivamente está utilizando a una dictadura para obtener ventajas sobre el petróleo venezolano.
No se puede denunciar el autoritarismo de un régimen y, al mismo tiempo, convertirlo en el socio conveniente para una negociación de esta magnitud.
No se puede decir que se quiere liberar a Venezuela mientras se negocia con quienes mantienen secuestrada su soberanía.
No se puede hablar de democracia cuando el pueblo venezolano queda completamente excluido de una decisión que podría comprometer sus recursos durante un siglo.
El socio venezolano de esta operación sería Alejandro Betancourt, empresario que controla North American Blue Energy Partners, una de las principales petroleras privadas del país.
Su nombre ha aparecido durante años en investigaciones y controversias relacionadas con negocios vinculados al chavismo, presunto lavado de dinero y operaciones irregulares asociadas con PDVSA. También ha sido investigado en distintos países, entre ellos España, por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Por supuesto, hay que distinguir entre investigaciones, acusaciones y condenas judiciales. No son lo mismo, y cualquier análisis serio debe respetar esa diferencia.
Pero también es legítimo preguntarse cómo una persona vinculada durante años a negocios relacionados con el poder chavista puede aparecer ahora como socio privado en una operación petrolera de dimensiones históricas.
Según las cifras disponibles, la empresa vinculada a Betancourt habría pasado de producir unos 18.000 barriles diarios a casi 200.000 durante la era de Delcy Rodríguez.
¿Cómo fue posible ese crecimiento?
¿Quién lo autorizó?
¿Quién se benefició?
¿Y por qué precisamente ahora este empresario aparece en el centro de una negociación en la que Estados Unidos podría controlar el 55 % de una compañía con acceso a 65.000 millones de barriles?
Estas preguntas no son secundarias. Son esenciales.
Porque si el acuerdo termina confirmándose, no estaríamos ante una operación comercial ordinaria. Estaríamos ante una redistribución profunda del control sobre una parte considerable del petróleo venezolano, negociada entre una potencia extranjera y un régimen que no tiene legitimidad democrática para disponer del patrimonio nacional.
Y quiero ser muy claro en este punto: el petróleo venezolano no pertenece a Delcy Rodríguez. No pertenece a Nicolás Maduro. No pertenece a ningún grupo militar, partido político, empresario favorecido o gobierno extranjero.
Pertenece al pueblo venezolano.
Y el pueblo venezolano no ha sido consultado.
No ha votado sobre este acuerdo.
No ha autorizado un arrendamiento por 100 años.
No ha decidido que Estados Unidos controle el 55 % de una empresa que podría administrar una quinta parte de las reservas petroleras del país.
Por eso esta noticia ha causado tanto dolor e indignación entre los venezolanos. Porque después de décadas de destrucción, exilio, persecución y pobreza, ahora parece que quienes han llevado al país a la ruina pretenden negociar sus recursos como si fueran propietarios privados de Venezuela.
Y porque, del otro lado, Estados Unidos —un país que muchos venezolanos hemos admirado precisamente por sus instituciones, sus libertades y su defensa de la democracia— podría estar actuando como una potencia que se aprovecha de la debilidad de un pueblo para obtener beneficios estratégicos y económicos.
Yo no quiero que Estados Unidos se convierta en otro actor que se beneficia de la tragedia venezolana.
No quiero que mi país sea liberado de una dictadura para terminar convertido en una colonia petrolera de otra potencia.
No quiero que el pueblo venezolano pase de ser víctima de un régimen criminal a ser simplemente el espectador de una negociación entre gobiernos y empresarios que deciden su futuro a puerta cerrada.
Si Estados Unidos realmente quiere ayudar a Venezuela, debería comenzar por defender la soberanía del pueblo venezolano, no por negociar con quienes lo mantienen sometido.
Debería exigir transparencia, participación ciudadana y garantías democráticas.
Debería asegurarse de que cualquier acuerdo sobre el petróleo venezolano sea aprobado por instituciones legítimas y por un gobierno elegido libremente por los venezolanos.
Y debería entender que apoyar la libertad de Venezuela no significa apropiarse de sus recursos.
Significa ayudar a que los venezolanos recuperemos la capacidad de decidir sobre ellos.
Porque en Venezuela el petróleo nunca ha sido solamente un recurso energético. Siempre ha sido una fuente de poder. Y cuando hay 65.000 millones de barriles sobre la mesa, sería ingenuo tratarlo como un simple negocio.
Aquí no estamos hablando únicamente de petróleo.
Estamos hablando de soberanía.
Estamos hablando de legitimidad.
Estamos hablando de la dignidad de un pueblo que ha sido despojado de casi todo y que ahora corre el riesgo de ser despojado también de su futuro.
Y por eso, como venezolano y como estadounidense, no puedo mirar esta noticia con indiferencia.
No puedo aceptar que una dictadura negocie lo que pertenece a todo un país.
Y tampoco puedo aceptar que Estados Unidos utilice la tragedia venezolana para apropiarse de sus recursos naturales.
Venezuela necesita libertad, justicia y democracia.
No necesita cambiar una forma de dominación por otra.
DrCisneros.com