En la política, Con la Salud no se juega
La salud pública es un bien fundamental que debe ser protegido con la máxima prioridad, sin importar las circunstancias políticas o económicas. Sin embargo, la crisis presupuestaria que enfrenta actualmente el gobierno de Estados Unidos ha demostrado con crudeza cómo las disputas políticas pueden poner en riesgo la vida y el bienestar de millones de estadounidenses, especialmente de los más pobres y vulnerables.
El cierre del gobierno y los recortes presupuestarios han impactado de forma directa a los programas esenciales que garantizan el acceso a la salud y la alimentación básica. Por ejemplo, el programa SNAP, que brinda asistencia alimentaria a más de 42 millones de personas, ha suspendido sus ayudas para muchos hogares que dependen de esta subvención para sobrevivir. Además, alrededor de 12 millones de personas podrían perder su seguro médico debido al vencimiento y la falta de renovación de subsidios federales como los que ofrece la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Estas pérdidas no solo implican un aumento en la pobreza y el hambre, sino también un riesgo sustancial en el acceso a la atención médica.
Las primas de los seguros de salud están aumentando drásticamente —en algunos casos más del doble— lo que obliga a muchas familias a tomar decisiones terribles entre comprar alimentos, pagar el alquiler o acceder a servicios médicos. Los programas de nutrición para mujeres, niños y familias como WIC y Head Start también se ven amenazados por la reducción de fondos, lo que deja sin apoyo a quienes más lo necesitan.
Las consecuencias no se limitan a la atención primaria, sino que alcanzan a servicios fundamentales de salud pública, inspecciones de la FDA, fondos para Medicaid y programas de salud mental, poniendo en riesgo a adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas. Esta situación aumenta la desigualdad sanitaria y deja a las comunidades más vulnerables sin asistencia adecuada en momentos críticos.
El estrés y la incertidumbre derivados de esta crisis impactan negativamente sobre la salud mental y física de quienes dependen de estos servicios públicos. Atenciones preventivas se suspenden, enfermedades crónicas no se controlan adecuadamente y el riesgo de hospitalizaciones y complicaciones severas aumenta. Todo esto ocurre en un contexto de profundas divisiones políticas donde los intereses partidistas sobrepasan la protección de la salud de la población.
Además, el sistema estatal de salud enfrenta una grave presión financiera al tener que absorber los costos que el gobierno federal ya no cubre debido a los recortes, lo que obliga a algunos estados a recortar programas básicos o aumentar los impuestos locales, profundizando la inequidad territorial en el acceso a la salud. Las decisiones que se deben tomar son difíciles y muchas veces implican sacrificar el bienestar de los más pobres.
En conclusión, la crisis presupuestaria y el cierre del gobierno apuntan a un claro escenario: la salud pública no puede ni debe ser un juego político. La protección de la salud y la vida de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, debe estar por encima de cualquier conflicto partidista o ajuste económico. Se necesita una urgente reflexión y acción para garantizar que los servicios básicos de salud, alimentación y protección social sigan accesibles para todos, porque con la salud, simplemente, no se juega.
Esta crisis es una llamada de alerta para repensar el compromiso social y político hacia un sistema de salud equitativo, sostenible y resiliente que no se vea amenazado por intereses políticos ni restricciones presupuestarias que ponen en riesgo vidas humanas. La salud es un derecho fundamental que debe salvaguardarse siempre, y en ese principio debe descansar toda decisión en política pública.
DrCisneros.com
